1. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE FISCALÍA EN EL
SISTEMA PENAL ACUSATORIO COLOMBIANO
Fiscalía General de la Nación
“Esta guía es fuente de información interna que permitirá a los funcio-
narios de la Fiscalía General de la Nación y servidores de Policía Judi-
cial realizar sus labores de la mejor forma posible. Por lo tanto, no debe
ser considerado como fuente de derecho ni como limitante para aplicar
el buen juicio y los conocimientos jurídicos. Igualmente, su circulación,
aplicación y uso deberán restringirse únicamente para tal fin”.

3. Luis Camilo Osorio Isaza
Fiscal General de la Nación
Luis Alberto Santana Robayo
Vicefiscal General de la Nación
Judith Morante García
Secretaria General
Luis González León
Director Nacional de Fiscalías
General (R) Héctor Darío Castro Cabrera
Director Nacional del Cuerpo Técnico de Investigación
Claudia Isabel González Sánchez
Directora Nacional Administrativa y Financiera
Yolanda Sarmiento Amado
Directora Asuntos Internacionales
María Carolina Sánchez Blanco
Jefe oficina de Divulgación y Prensa
© Fiscalía General de la Nación, 2005
El presente material no podrá ser reproducido parcial o totalmente por medio alguno sin el permiso
expreso de la Fiscalía General de la Nación.
ISBN 958-97542-5-2

5. Procedimientos de Fiscalía en el Sistema Penal Acusatorio
BIENVENIDA AL SISTEMA PENAL ACUSATORIO
“Cuando se ha marcado la línea del deber hay que cumplirla
a todo trance. El viandante que se detenga a escuchar los
ladridos de los perros, difícilmente llegará al término de su
jornada”
jornada”.
Extracto de El alma de la toga
Al ingresar a la Fiscalía recibí un sistema judicial penal, que por decenios de ineficacia e impunidad,
venía socavando su merecida tumba. De antaño, se habían levantado voces imprecatorias, que pug-
naban por el cambio sustancial y por la adopción del sistema acusatorio. Hace casi ochenta años, en
el prólogo a la primera edición de su “Nueva Criminología”, se quejaba amargamente Quintiliano
Saldaña: “Más arriba, en el estrado augusto, silenciosos, hieráticos, como figuras de retablo, posan
los jueces. He ahí a los hombres que van a decidir de la suerte del criminal. No en vano a la justicia
se la representa con los ojos vendados (Sólo falta representar, de igual suerte, al criminal, con la boca
vendada). El interrogatorio comienza; el culpable responde; la acusación y la defensa hablan a la vez;
todo es mentira. Detrás de la barra, el público se agita, ansioso de descubrir la verdad angustiosa;
trabajo perdido. Durante ese tiempo, al pie del estrado, un hombre de uniforme con galones dorados
sonríe... Es el único poseedor del secreto, el confidente del reo, el hujier –afortunado tramoyista de
la escena judiciaria–. La justicia es un teatro donde cada día se representa el doloroso drama de un
ciudadano que está en peligro inminente de ser víctima de un error judicial”.
Las disciplinas que explican el mejor modo de ejercer la justicia penal estaban reclamando una ade-
cuación de nuestras vetustas instituciones procesales a la racionalidad de un sistema judicial, en el
cual convergen el acatamiento a los derechos fundamentales, con soporte en métodos y técnicas que
estimulan la confiabilidad en los actos eficaces de investigación y juzgamiento. El respeto por la dig-
nidad humana logrará, en la nueva normatividad penal, su verdadero esplendor, con principios rec-
tores acuñados en el propio Código Procesal, en los que tiene asiento la doctrina y la jurisprudencia,
nacionales y extranjeras, y se expande realizando una efectiva y práctica vocación democrática.
Estamos de cara a una verdadera y revolucionaria modificación a la justicia penal, diferente por su-
puesto al desarrollo de la acción penal que en la actualidad ejerce el Estado a través de la Fiscalía
General de la Nación para perseguir y sancionar los delitos. Se trata de un sistema oral, de audiencias,
fundado en “un proceso de partes” y por ello adversarial, con verdaderas garantías para los imputa-
dos. Un proceso de partes frente a un juez neutral, con presencia del Ministerio Público como garante
de los derechos fundamentales, con respeto al debido proceso y al derecho de defensa.
El sistema acusatorio se compromete a reemplazar la doble función de juez y parte que ejerce el fiscal,
por otra donde este se dedique exclusivamente a recoger evidencias, con el concurso de la policía ju-
dicial, quien deberá tener un papel activo, convirtiéndose en perito, en testigo y en todo caso en activo
presentador de las evidencias del Estado sobre los autores presuntos de una conducta punible.
Las técnicas de investigación de la conducta criminosa se traslucen en su más viva expresión, en el
nuevo sistema que adoptamos, superando las regulaciones normativas de países hispanoamericanos
que han escogido el sistema acusatorio. Ello tiene un significado de razón, puesto que el operador de
justicia se sujetará a las prescripciones legales y las personas indiciadas no serán sorprendidas con
métodos calculados, sofistas o falaces. En todo caso, esas técnicas integran la teoría criminalística y
5

6. se fundan en los desarrollos científicos. La Fiscalía declina la actuación judicial, pero conserva, no
obstante, la fortaleza de capturar, de disponer registros y allanamientos, de incautar y ordenar inter-
ceptaciones, todo ello sujeto a control por parte del juez de garantías, pero sin obligación de acudir
previamente para su ejecución.
La prueba en el juicio, y el sistema de valoración probatoria, se constituyen en verdadero avance, que
trunca el camino a la arbitrariedad. Como la actividad valorativa de la prueba queda fundada en los
principios de la ciencia, no habrá lugar a estimaciones ambivalentes y a consideraciones suspicaces.
El testimonio, la peritación, los documentos, la inspección serán analizados y apreciados a la luz de
las respectivas ciencias y con ello se evitará el error judicial.
Tanto los métodos de investigación como el propio sistema probatorio, que se incorporan en el nuevo
Código, cimientan la confianza en la administración de justicia penal, porque el individuo podrá tener
la seguridad de que el peso de la ley recaerá solamente sobre quien resulte ser el verdadero responsa-
ble de la conducta criminal.
La oralidad y el juicio público son los instrumentos más eficaces de la democracia porque, además,
propician el control social de las sentencias penales. Así, cuando el juez, en forma espontánea, si-
guiendo los derroteros de la ciencia y de su equidad, advierte el sentido de la sentencia cara al pueblo,
realiza la más formidable y sublime forma de impartir justicia. El público asistente lo estará observan-
do en su complejo actuar, sopesando la calidad de su justicia, lo que indica que a la vez la comunidad
estará ejerciendo acto de juzgamiento sobre su conducta de juez.
De manera análoga ocurrirá con las actuaciones de fiscal y defensor, en esa actuación severa, en la
que se define sobre la culpabilidad o inocencia de un ser humano, cuando actúen en igualdad de con-
diciones, cada quien con sus propias fortalezas: las del Estado ejerciendo la acción pública penal, y
las de la defensa rebatiendo las inculpaciones que pretenden vulnerar su presunción de inocencia, en-
tonces la fundación técnica y científica de las evidencias, el contradictorio, la fuerza del interrogatorio
cruzado, la capacidad de convicción que impacte al juez, medirán las de las partes enfrentadas.
No habrá indagatoria, tampoco parte civil, la que tendrá lugar después del ejercicio de la acción pú-
blica penal y una vez resulte responsable quien debe reparar a la víctima.
No habrá tampoco posibilidad de repetir el escenario actual, según el cual, casi la mitad de las perso-
nas privadas de la libertad lo están por causa distinta a una providencia de juez competente.
El juez estará atento a proveer las garantías de los indiciados, decidirá la suerte de su libertad, orde-
nando a petición de la Fiscalía la medida de aseguramiento o no; es, pues, un sistema garantista, con
una policía judicial fortalecida en los aspectos técnicos y científicos, con observancia estricta de la
cadena de custodia; solo evidencias y elementos materiales probatorios serán constituidos en pruebas
practicadas en sala de audiencia, frente al juez, cara al pueblo.
Y quizá lo más importante: la protección a las víctimas, la reparación integral, la verdad y la justicia
para ellas.
La función que ahora corresponde a fiscales, investigadores, defensores, jueces y procuradores, en
el manejo y aplicación del sistema acusatorio, definitivamente debe estar influida por el sentimiento
ético de la vida. Me refiero a la ética como un sentido de auténtico compromiso.
6

7. Procedimientos de Fiscalía en el Sistema Penal Acusatorio
Es notoriamente significativo que la corrupción sea el encadenamiento de actitudes sin moral, las
cuales tienen asiento en quienes desconocen el valor de su dignidad personal, de su esencia trascen-
dente, en aquellos que alguna vez escucharon los enunciados éticos, pero no los vincularon con la
substancialidad de su esencia personal.
Si los funcionarios judiciales entendemos y sentimos el valor de la propia dignidad personal, y ac-
tuamos conforme con dicha vivencia, podremos decir que estamos en el camino verdadero, en el que
propicia el cumplimiento ético de nuestra función, que será función noble y eficiente.
Concluyo diciendo que la ley procesal debe servir al imperio del orden en defensa de la sociedad y de
las víctimas, para prohibir y sancionar eficazmente a quienes la infrinjan, con garantías, en democra-
cia, frente al pueblo. Hemos sembrado una semilla de esperanza en la convivencia pacífica que todos
añoramos, en la confianza de un futuro mejor para que este país, que tanto ha padecido la violencia y
la criminalidad, merezca ya una paz duradera con calidad de vida como patrimonio común.
A los colaboradores de esta noble causa, aquellos que participaron en la elaboración de los antepro-
yectos de ley, en la actividad legislativa y en la preparación de esta Guía de Introducción al Sistema
Penal Acusatorio Colombiano, sincero reconocimiento y gratitud por su meritorio aporte en esta obra
humana que comienza a fecundar el milagro de la justicia para Colombia.
Luis Camilo Osorio Isaza
Fiscal General de la Nación
7

9. Procedimientos de Fiscalía en el Sistema Penal Acusatorio
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE FISCALÍA
EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO COLOMBIANO
OBSERVACIÓN PREVIA
La Fiscalía General de la Nación, después de prever posibles inquietudes y dificultades que surgirán
con motivo del cambio radical del sistema de investigación y juzgamiento, ha decidido entregar una
guía introductoria al nuevo proceso penal, dirigida básicamente a fiscales y servidores de policía
judicial, así algunos de ellos pertenezcan a otras instituciones del Estado.
Desde luego, sería imposible recomendar pautas de conducta funcional a los fiscales, investigadores
y peritos sin prever racionalmente la actuación, respuesta o decisión correlativa de los demás actores,
pues, al fin y al cabo, se trata de un sistema y todos sus componentes estarán conectados en la prác-
tica, sin perjuicio de la independencia de los roles que deben quedar bien diseñados. Así, entonces,
en relación con los jueces -de función de control de garantías y de conocimiento- y el Ministerio
Público, lo escrito simplemente corresponde a respetuosas sugerencias o predicciones racionales de
actuación.
Ahora bien, como se trata de una herramienta de trabajo, surgida y anticipada por la fuerza de la no-
vedad del sistema y la inminencia de su entrada en vigor, ha de entenderse que sus contenidos deben
conciliarse –como siempre trató de hacerse en su redacción– con la Constitución Política, los tratados
internacionales que establecen derechos humanos, el Código Penal (especialmente la modificación
introducida por la ley 890 de 2004) y el Código de Procedimiento Penal (ley 906 de 2004). En todo
caso, como se actúa dentro de un Estado de Derecho, obviamente prevalecen las normas o interpre-
taciones de origen antes indicado, sobre las pautas del manual.
Finalmente, aunque el texto acoge jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Cons-
titucional compatible con el nuevo sistema de investigación y juzgamiento1, serán estas altas corpo-
raciones las que con sus pronunciamientos futuros definan interpretaciones sobre temas polémicos y,
obviamente, a ellos se acomodarán las guías, directrices y reglamentos de la Fiscalía General de la
Nación.
1
SU-159 de 2002 y C-1092 de 2003, por ejemplo.
9

11. Procedimientos de Fiscalía en el Sistema Penal Acusatorio
TABLA DE CONTENIDO
NOCIONES BÁSICAS 13
SECCIÓN 1
NOTICIA CRIMINAL 17
SECCIÓN 2
INDAGACIÓN 23
SECCIÓN 3
ACTOS DE INDAGACIÓN E INVESTIGACION 31
SECCIÓN 4
INVESTIGACIÓN 51
SECCIÓN 5
AUDIENCIAS PRELIMINARES 61
SECCIÓN 6
PRECLUSIÓN 85
SECCIÓN 7
EL JUICIO 89
SECCIÓN 8
JUICIO ORAL Y PÚBLICO 113
SECCIÓN 9
AUDIENCIA DE JUICIO ORAL 129
SECCIÓN 10
AUDIENCIA DE INDIVIDUALIZACIÓN DE PENA Y SENTENCIA 145
SECCIÓN 11
INCIDENTE DE REPARACIÓN INTEGRAL 147
SECCIÓN 12
JUSTICIA RESTAURATIVA 149
SECCIÓN 13
PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD 167
SECCIÓN 14
ATENCIÓN, PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS 189
ANEXO 1
GUÍA INTRODUCTORIA A LA INFORMÁTICA 191
ANEXO 2
GUÍA INTRODUCTORIA A LA CRIMINALÍSTICA 197
ANEXO 3
FUNDAMENTO NORMATIVO POR TEMA 207
11

13. Procedimientos de Fiscalía en el Sistema Penal Acusatorio
NOCIONES BÁSICAS
Audiencias preliminares
Son aquellas que se realizan ante el juez de control de garantías para resolver sobre actuaciones o
peticiones, o tomar decisiones en asuntos ajenos a los de competencia del juez de conocimiento.
Cadena de custodia
Es un sistema de seguridad que garantiza que el elemento material probatorio o evidencia física
identificado, fijado, recolectado, embalado y rotulado, es el mismo que estaba en el lugar explorado
y que se encuentra en igualdad de condiciones fenomenológicas a las que allí tenía. Esa la razón por
la que debe aplicarse la técnica adecuada desde el momento en que la policía judicial, o en su defecto
un miembro de la Policía Nacional, entra en contacto con el hallazgo del que pueda inferirse la exis-
tencia de una conducta punible, sus autores o partícipes, para preservar su autenticidad durante todo
el proceso.
De manera que la policía judicial, o en su ausencia la Policía Nacional2, deberá identificar, fijar,
recolectar, embalar técnicamente y rotular los elementos materiales probatorios o evidencia física,
conforme con lo establecido en el manual de cadena de custodia, los enviará al almacén o bodega de
evidencias o al laboratorio respectivo cuando se requieran exámenes técnico científicos sobre ellos,
de donde se remitirán al lugar dispuesto para su custodia, preservación y conservación.
Posteriormente, si el fiscal requiere la evidencia para alguna diligencia3, sólo podrá observarla en
presencia del investigador y del responsable de la bodega de almacenamiento.
Llegado el momento de presentarlos en la audiencia ante el juez, el fiscal delegado lo hará por con-
ducto de la policía judicial, y el informe de laboratorio por medio del respectivo perito, para que se
sometan a la controversia probatoria.
Para una mejor comprensión de la incidencia de la cadena de custodia en el nuevo sistema, y la signi-
ficativa responsabilidad del operador judicial frente a la misma, consúltese cada vez que se considere
necesario el “Manual de Cadena de Custodia”.
Definición de competencia
Es la función atribuida a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, a las salas penales
de los tribunales superiores de distrito judicial y a los jueces penales de circuito para determinar el
despacho que debe conocer un asunto judicial.
Descubrimiento de elementos materiales probatorios o evidencia física
Es el acto mediante el cual las partes revelan o dan a conocer los elementos materiales probatorios
o evidencia física que serán aducidos en el juicio oral. Excepcionalmente, se hará el descubrimiento
necesario en la audiencia preliminar en la que se solicite medida de aseguramiento.
Elemento material probatorio o evidencia física
Es cualquier objeto relacionado con una conducta punible que puede servir para determinar las cir-
cunstancias reales de tiempo, modo y lugar en las que el hecho se realizó, y que deberá someterse
2
Artículo 208 CPP.
3
Por ejemplo para prepararse para una audiencia preliminar o para relacionarla en el escrito de acusación
13

14. al régimen de cadena de custodia4 que controlará la policía judicial para garantizar su preservación
desde la indagación, inclusive hasta que culmine la acción de revisión.
El código señala como elementos materiales probatorios o evidencia física los siguientes:
• Huellas, rastros, manchas, residuos, vestigios y similares, dejados por la ejecución de la actividad
delictiva;
• Armas, instrumentos, objetos y cualquier otro medio utilizado para la ejecución de la actividad
delictiva;
• Dinero, bienes u otros efectos provenientes de la actividad delictiva;
• Elementos materiales descubiertos, recogidos y asegurados en desarrollo de diligencia de registro
y allanamiento, inspección corporal y registro personal;
• Documentos de cualquier índole hallados en diligencia investigativa de inspección, o que hayan
sido entregados voluntariamente por quien los tenía en su poder, o abandonados allí;
• Elementos materiales obtenidos mediante grabación, filmación, fotografía, video o cualquier otro
medio técnico, utilizados como cámaras de vigilancia, en recinto cerrado o en espacio público;
• Mensaje de datos, intercambio electrónico de datos, internet, correo electrónico, telegrama, te-
lex, telefax o similar, regulados por la ley 527 de 1999 o normas que la sustituyan, adicionen o
reformen;
• Los demás elementos materiales similares a los anteriores y que sean descubiertos, recogidos y
custodiados por el fiscal o por conducto de servidores de policía judicial o peritos del Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, o de laboratorios aceptados oficialmente.
Si el elemento material probatorio o evidencia física proviene del exterior, el fiscal y la policía judi-
cial están obligados a observar los tratados, acuerdos y protocolos convenidos para la cooperación
judicial internacional.
El fiscal delegado, como director de la investigación, debe verificar si el hallazgo realmente tiene la
condición de elemento material probatorio o evidencia física relacionada con la averiguación, y si su
recolección y embalaje responden al procedimiento técnico establecido en el manual de cadena de
custodia para que pueda certificarse su autenticidad5. De ser así, tomará las notas necesarias para te-
nerlo presente en las etapas o fases subsiguientes, conforme se indicará en el desarrollo de esta guía.
Entrevistas
Es el mecanismo utilizado por la policía judicial, en cualquier momento de la investigación, aún has-
ta la audiencia preparatoria cuando se agota el descubrimiento de elementos materiales probatorios,
para obtener información inmediata y urgente sobre la ocurrencia de un hecho delictivo, a través de una
serie de preguntas técnicamente formuladas a la víctima o a un testigo presencial, teniendo en cuenta
la estrategia investigativa y las condiciones del potencial entrevistado. El investigador debe analizar la
4
Para estos efectos, consúltese el Manual de Cadena de Custodia.
5
Son sistemas de autenticidad: la cadena de custodia o cualquier otro que permita acreditar la mismidad del elemento material probatorio tales como el
testimonio de quien lo presentó y la marcación correspondiente.
El principio de mismidad permite establecer que determinado elemento material probatorio que se presenta en el juicio, es el mismo que se recolectó en
la escena y que se encuentra en iguales condiciones a las de aquel momento.
14

15. Procedimientos de Fiscalía en el Sistema Penal Acusatorio
conveniencia de registrar la entrevista en un medio idóneo, independientemente de las anotaciones
que hará al respecto en su cuaderno de notas.
La entrevista podrá realizarla como acto de investigación urgente o en desarrollo del programa me-
todológico, incluso hasta la audiencia preparatoria cuando se agota el descubrimiento de elementos
materiales probatorios. Esta diligencia debe ser objeto de cuidadosa planeación, como estrategia
investigativa. Además del registro en los medios idóneos, el investigador tendrá especial cuidado en
hacer las observaciones que estime necesarias, en su cuaderno de notas. De inmediato avisará al fis-
cal delegado sobre los resultados de esta actuación, quien la evaluará y determinará si el entrevistado
servirá como testigo en la audiencia de juicio oral.
El fiscal, a su turno, evaluará el contenido de la entrevista para determinar, entre otros factores, la ne-
cesidad de solicitar en el escrito de acusación la recepción el testimonio del otrora entrevistado, para
demostrar la existencia del hecho punible o la probable responsabilidad del autor o partícipe, según
el caso. Si esa es su decisión, deberá “prepararlo” para que exponga adecuadamente su conocimiento
ante el juez. En ese evento, el registro de la entrevista le servirá para “refrescar” la memoria del tes-
tigo pues, recuérdese, no constituye elemento material probatorio.
Estipulaciones probatorias
Son acuerdos que celebran el fiscal y la defensa para dar como probados algunos hechos o circuns-
tancias, con el fin de concentrar la atención del juicio oral en los aspectos relevantes del caso y que
requieren demostración y contradicción.
Hechos jurídicamente relevantes
Son aquellos que por afectar un bien jurídico, tienen trascendencia para la investigación y el juzga-
miento penales.
Imputación fáctica
Es la atribución de hechos constitutivos de un delito a una persona determinada.
Información legalmente obtenida y pertinente
Datos obtenidos por la policía judicial, sin violación de derechos o garantías fundamentales, útiles
para la investigación y que puede constituirse en prueba si quien la suministra rinde testimonio en el
juicio.
Motivos fundados
Apoyos empíricos o racionales que suministra la investigación para solicitar y obtener decisiones
judiciales.
Programa metodológico
El programa metodológico constituye una herramienta de planeación y dirección de la investigación,
elaborado conjuntamente por el fiscal delegado y su equipo de policía judicial, con unos objetivos
claros, concretos, medibles, verificables y posibles de lograr por el equipo investigativo y conforme
con los recursos técnicos y tecnológicos disponibles, en relación con la conducta punible objeto de
investigación.
15

16. El plan de trabajo debe contener lo siguiente: (i) componente fáctico relativo a las circunstancias de
tiempo, modo y lugar de comisión de la conducta; (ii) componente jurídico que involucra la(s) hipó-
tesis delictiva (s) sobre las cuales se va a averiguar; y (iii) componente probatorio relacionado con los
elementos materiales probatorios o evidencia física o información que sustentan los dos ingredientes
anteriores. Incluirá, además, las tareas encaminadas a obtener elementos materiales probatorios o
evidencia física o información legalmente obtenida que permitan al fiscal sustentar ante el juez de
control de garantías los requisitos legales de una medida de aseguramiento, así como la necesidad y
los fines de la misma; determinar la existencia, procedencia y titularidad de bienes del indiciado, en
orden a tener elementos de convicción para solicitar ante el juez de garantías, en fase de investiga-
ción, la adopción de medidas cautelares con fines de comiso, incautación u ocupación, según el caso.
Asimismo debe ocuparse, de ser procedente, del fenómeno de la conexidad, conforme con lo dispues-
to en los artículos 50, 51 y 53 del CPP.
Los objetivos del programa metodológico deben ser claros, concretos, medibles y verificables en el
tiempo y posibles de lograr. Para el efecto el fiscal deberá tener en cuenta las habilidades, destrezas e
idoneidad de cada uno de los miembros del grupo de investigadores, así como los recursos técnicos
y tecnológicos disponibles.
El fiscal fijará fechas de control con el fin de revisar el avance de la investigación, generar mecanis-
mos alternativos para cumplir los objetivos trazados y, finalmente, hará una evaluación de los resul-
tados de las actividades realizadas por el equipo de trabajo determinando la utilidad en la resolución
del caso.
Para los actos de indagación e investigación que requieran empleo de recursos técnicos como filma-
ciones, grabaciones, fotografías, a manera de ejemplo, el fiscal estará atento a que queden editados en
condiciones aptas, confiables y ordenadas para una adecuada presentación ante el juez.
De la actividad relacionada con el programa metodológico, como herramienta de planeación y direc-
cionamiento de la investigación, el fiscal hará un registro de la existencia del mismo que le permita
ejercer el debido control de las actuaciones.
16

17. Procedimientos de Fiscalía en el Sistema Penal Acusatorio
SECCIÓN 1
NOTICIA CRIMINAL
1.1 Noción
La noticia criminal es el conocimiento o la información obtenidos por la policía judicial6 o la Fiscalía,
en relación con la comisión de una o varias conductas que revisten las características de un delito, ex-
teriorizados por distintas formas o fuentes. Puede ser verbal, escrita o formulada por cualquier medio
técnico que permita la identificación del autor de la misma.
1.2 Fuentes
1.2.1 Formales
• Denuncia. La presenta cualquier persona natural o el representante legal de una persona jurídica
afectada.
• Petición especial del Procurador General de la Nación.
• Querella de la víctima o directamente perjudicado, su representante legal o herederos; del defen-
sor de familia o del agente del Ministerio Público, según el caso.
También son fuentes formales las siguientes
• El reporte de iniciación de la actividad emprendida por la policía judicial para que el fiscal asuma
la dirección, coordinación y control de la indagación o investigación (Art. 205) y,
• El informe ejecutivo de la policía judicial acerca de los actos urgentes7 que haya realizado y sus
resultados, presentado dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes.8
• Cualquier otro medio de origen oficial como informes de policía o de otra autoridad que haya
tenido conocimiento de la ocurrencia de un hecho de probable connotación delictiva.
1.2.2. No formales:
Información obtenida por llamadas telefónicas, noticias difundidas por medios de comunicación,
anónimos, informantes, correo electrónico, a manera de ejemplo.
6
Debe tenerse en cuenta que la policía judicial, cualquiera sea la entidad a la que esté adscrita administrativamente, depende funcionalmente de la Fis-
calía General de la Nación (art. 202 CPP.)
7
Se entiende por actos urgentes las actividades que desarrolla la policía judicial en circunstancias que requieren de su intervención inmediata, por ejem-
plo, la inspección al lugar de los hechos para recolectar información y evidencias.
8
Observación: El fiscal, en virtud de su condición de titular de la acción penal y de director de la investigación, podrá requerir a la policía judicial para
que rinda el informe de inicio de labores o reporte de iniciación, cuando no se presente oportunamente. Adicionalmente, conforme lo faculta el inciso
final del artículo 212 del código de procedimiento penal, el fiscal puede acceder a la base de datos de la policía judicial, a efectos del control de su labor
en el caso particular que se investigue. Sin embargo, es recomendable obtener autorización del superior inmediato.
17

18. 1.3 Oportunidad
La noticia criminal puede presentarse en cualquier momento, excepto la querella que debe formularse
dentro de los seis (6) meses siguientes a la comisión del delito, contados también desde el momento
en que desaparezcan las circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito acreditados que hubiesen im-
pedido al querellante legítimo tener conocimiento oportuno de su ocurrencia.
Podrá presentarse ante los organismos con funciones de policía judicial y se canalizará a través de
las estructuras organizacionales que para el efecto disponga la Fiscalía General de la Nación en de-
pendencias tales como Salas de Atención al Usuario (SAU), Unidades de Reacción Inmediata (URI),
Casas de Justicia, estructuras de apoyo en investigación de responsables y oficinas de asignaciones
donde se realizará el reparto correspondiente a efectos de que un fiscal asuma la dirección, coordi-
nación y control de la indagación.9
Quien reciba la noticia criminal deberá:
• Advertir al denunciante o querellante sobre las consecuencias de faltar a la verdad en su manifes-
tación.
• Obtener del denunciante o querellante la mayor información posible que permita orientar eficaz-
mente la indagación. Debe tener en cuenta que la denuncia sólo podrá ampliarse por una sola vez
a instancia del denunciante, o del funcionario competente, sobre aspectos de importancia para la
investigación.
• Diligenciar el formato único de noticia criminal que deberá contener la siguiente información:
número de radicación; lugar, fecha e identificación de la fuente de la noticia; identificación o
individualización, dirección, teléfono, documento de identidad (si se conoce) del indiciado; lu-
gar de los hechos; breve relato de los mismos; identidad de la(s) víctima(s); descripción de los
elementos materiales probatorios, evidencia física o información suministrada; adecuación típica
provisional de la conducta denunciada; trámite y solicitudes que deban adelantarse.
La policía judicial deberá:
• Iniciar el procedimiento de cadena de custodia respecto de los elementos materiales probatorios o
evidencia física allegados en ese momento o en las actuaciones inmediatas.
• Analizar la necesidad de realizar actos urgentes de investigación10 y, si quien recibe la noticia
criminal cumple funciones de policía judicial, actuar de inmediato para evitar la pérdida o alte-
ración de elementos materiales probatorios o evidencia física, tales como inspección en el lugar
del hecho, inspección de cadáver y entrevistas. El informe ejecutivo que sobre ellos presentará al
fiscal delegado, deberá reunir los requisitos establecidos en el Manual de policía judicial.11
9
En los municipios con fiscal único, será éste quien reciba la noticia criminal y asuma directamente el conocimiento de la averiguación. Si en este caso, o
en cualquier otro, el fiscal que recibe la noticia criminal no es competente para adelantar la indagación y existe la necesidad de realizar algunas diligencias,
asumirá la dirección, coordinación y control jurídico de la actividad de policía judicial y oportunamente remitirá lo actuado al fiscal que corresponda. El
inciso segundo del artículo 67 establece “El servidor público que conozca de la comisión de un delito que deba investigarse de oficio, iniciará sin tardanza
la investigación si tuviere competencia para ello; en caso contrario, pondrá inmediatamente el hecho en conocimiento de la autoridad competente”.
10
Consúltese sección 3.
Caso: El 29 de febrero de 2005, a las ocho de la noche, la Policía Nacional recibió una llamada anónima mediante la cual se informó la presencia de
11
un cuerpo, al parecer sin vida, ubicado en la carrera 102 número 18-35 de Bogotá. La Policía Nacional verificó la información y dio aviso a la Policía
Judicial que en forma inmediata y verbal comunicó a la URI más próxima e inició sus actividades investigativas: inspeccionó el lugar del hecho y el
cadáver; fijó, descubrió, identificó, recolectó y embaló técnicamente los elementos materiales probatorios o evidencia física que halló, y los remitió al
18

19. Procedimientos de Fiscalía en el Sistema Penal Acusatorio
• Dar aviso inmediato a la Fiscalía General de la Nación, mediante el formato de reporte de inicia-
ción correspondiente, para el reparto del asunto a un fiscal delegado que asuma inmediatamente
la dirección, coordinación y control de la investigación.12
El fiscal delegado deberá:
• Verificar el cumplimiento de las condiciones de procedibilidad, es decir, los requisitos necesarios
para dar curso a la acción penal.
Tratándose de un delito querellable se requiere que el querellante esté legitimado para presentar la
querella; que no haya operado el fenómeno de caducidad y que se haya proveído sin resultado posi-
tivo la conciliación preprocesal13, ante él, o en un centro de conciliación o un conciliador reconocido
como tal. La ausencia de los dos primeros requisitos dará origen al archivo de las diligencias. Lo
mismo aplica para los eventos de caducidad de la querella.
Si se trata de escritos anónimos el fiscal dispondrá su archivo, cuando no suministren evidencias o
datos concretos que permitan encauzar la investigación; en caso contrario, será procedente la acción
penal.14
• Asumir la dirección, coordinación y control jurídico de la actuación y la verificación técnico cien-
tífica de las actividades desarrolladas por la policía judicial, sin que sea preciso esperar el informe
ejecutivo sobre los actos urgentes de investigación que ésta haya realizado. De no ser competente
para adelantarla, sin dilación enviará las diligencias al fiscal delegado competente e informará a
la policía judicial sobre esta novedad.
• Examinar el informe de inicio de labores presentado por la policía judicial y analizar los primeros
hallazgos para determinar su ajuste a los principios rectores y garantías procesales. En caso con-
trario, dispondrá su rechazo e informará de las irregularidades a las autoridades disciplinarias y
penales competentes y tomará las decisiones necesarias para que la investigación continúe.15
almacén de evidencias y a los laboratorios correspondientes; realizó entrevistas a los vecinos del sector e interrogó al presunto responsable del delito de
homicidio. Dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes presentó un informe ejecutivo al fiscal delegado. ¿Qué debe hacer el fiscal delegado?
El fiscal verificará que el informe ejecutivo cumpla con los parámetros establecidos en el Manual de Policía Judicial y rechazará el interrogatorio al
presunto autor del hecho porque se realizó sin presencia del defensor, y acudirá ante el juez de control de garantías para que expida la orden de captura
respectiva.
12
La policía judicial deberá reportar a la Fiscalía General de la Nación, en todos los casos, cualquier actividad investigativa en los formatos establecidos
para las fuentes formales y no formales de la noticia criminal. En estas ultimas, analizará la información y si encuentra evidencia y datos concretos que
permitan inferir la posible comisión de un delito, reportará inmediatamente, o dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes, verbalmente o por escrito,
el caso a las siguientes dependencias de la Fiscalía: Oficina de reparto, cuando la noticia criminal no corresponda a actos urgentes y la actuación sea de
competencia de los jueces penales de circuito especializado, de circuito o penales municipales; a la estructura de apoyo cuando la noticia criminal por
delito contra el patrimonio económico esté en averiguación de responsables; y a las salas de conciliación cuando se trate de delitos querellables. De no
existir en el lugar del hecho estas dependencias, enviará el reporte a la unidad de fiscalía correspondiente.
Consúltese la sección 12, “Justicia Restaurativa”, capítulo “Conciliación preprocesal”. En el evento de no hallarse fiscal diferente al delegado para el
13
caso, citará de inmediato a audiencia de conciliación al querellante y querellado. Si culmina en acuerdo procederá a archivar las diligencias; en caso
contrario, continuará con el caso.
Caso: El 25 de julio de 2005 la Policía Nacional recibe una llamada anónima mediante la cual se informa que en la bodega ubicada en la carrera 22Z
14
número 32-124B de Manizales, fabrican clandestinamente medicamentos que después distribuyen en droguerías del sector. ¿Qué debe hacer el fiscal?
Cuando la Policía Nacional acuda al lugar indicado y corrobore que en la referida bodega se fabrican medicamentos sin autorización ni control del Mi-
nisterio de Salud, debe informar a la policía judicial para que informe a la Fiscalía sobre el hecho, se asigne un fiscal delegado que asuma la dirección,
coordinación, control jurídico y verificación técnico científica y diseñe el programa metodológico con su investigador. Igualmente dará aviso al agente
del ministerio público y ordenará el registro de la actividad en los sistemas de información.
15
Ejemplo: En un caso de trata de personas se realiza un allanamiento, sin orden del fiscal de conocimiento, y se halla un video con registros importantes
para demostrar la conducta delictiva. El fiscal delegado debe rechazar el elemento (video), separar de la investigación a los investigadores de policía
judicial que efectuaron aquella diligencia, y comunicar lo pertinente a las autoridades penales y disciplinarias competentes.
19

20. • Adoptar medidas para la atención de las víctimas, garantizar su seguridad personal y familiar, y
protegerla frente a la publicidad que indebidamente afecte su vida privada o dignidad, medidas
que en ningún caso pueden generar perjuicio a los derechos del imputado. Esas órdenes se im-
partirán por el medio más eficaz, verbalmente o por escrito, según el caso. Se dejará el registro
correspondiente y se remitirán a la entidad competente; por ejemplo, solicitud de evaluación de
la inclusión de la víctima en el programa de asistencia y protección a víctimas y testigos de la
Fiscalía General de la Nación; o de protección dirigida a un organismo de Policía.
• Comunicar a la víctima los derechos que en su favor consagra el Código de Procedimiento Penal,
tales como la protección de su intimidad; garantía de su seguridad, familiares y testigos a favor;
a una pronta e integral reparación de los daños sufridos, a cargo del autor o partícipe del injusto
o de los terceros llamados a responder; a ser oídas y a que se le facilite el aporte de pruebas; a
recibir información pertinente para la protección de sus intereses y a conocer la verdad del he-
cho del cual ha sido víctima, entre otros.16 Esa comunicación podrá ser verbal y de ello se dejará
constancia.
• Examinar la viabilidad de aplicar el principio de oportunidad en los términos y condiciones fija-
dos por la Constitución y la ley17.
1.4 Fundamento normativo
Constitución Política: artículos 2, 229 y 250.
Código penal: artículos 435 y 436.
Código de procedimiento penal: artículos 10, 11, 13, 27, 66, 67, 68, 69,70, 71, 72,
73,74,75, 76, 205, 212, 522 y 523.
Ejemplos de noticia criminal
• Fuentes formales
A las ocho de la noche de 28 de febrero de 2005, la señora ROSA MARTÍNEZ se presentó en la Sala
de Denuncias de la Policía Nacional para dar cuenta de la presencia de un cuerpo, al parecer sin vida,
en el inmueble situado en la carrera 10Z número 18-35 de Bogotá, donde ella reside. Los policiales
reportaron el caso de manera inmediata al sistema de información para la asignación de la policía ju-
dicial, la que a su vez hizo el reporte de iniciación de las actividades al fiscal competente; inspeccionó
el lugar de los hechos y el cadáver; efectuó entrevistas a los vecinos del lugar quienes manifestaron
que el presunto responsable del delito era PEDRO PÉREZ, a quien momentos después capturaron en
posesión del arma homicida.
La policía judicial fijó, descubrió, identificó, recolectó y embaló técnicamente los elementos materia-
les probatorios o evidencia física, y los remitió al almacén de evidencias y a los laboratorios respecti-
vos. Realizados los actos urgentes, dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes, envió el informe
ejecutivo al fiscal correspondiente.18
16
Arts. 11, 133 a 137
Ver artículo 250 de la Constitución Política y 321 y siguientes del Código de Procedimiento Penal. Para efectos de aplicación del principio de oportu-
17
nidad y de la audiencia de control automático y obligatorio de su legalidad, remítase al capítulo correspondiente.
El fiscal asignado al caso verificó el cumplimiento de los requisitos del informe ejecutivo, rechazó el interrogatorio hecho al presunto autor del delito
18
por haberse realizado sin la presencia del defensor, y acudió al juez de control de garantías para que se realizara el control de legalidad a la captura y
para formular la imputación y solicitar medida de aseguramiento en contra de PEDRO PÉREZ, con fundamento en los elementos materiales probatorios
o evidencia física identificados y recaudados por la policía judicial.
20

21. Procedimientos de Fiscalía en el Sistema Penal Acusatorio
• Fuentes no formales
El 25 de julio de 2005 la Policía Nacional recibe una llamada anónima que informa que en la bodega
situada en la carrera 22Z número 32B14, fabrican clandestinamente medicamentos de marca regis-
trada, sin autorización ni control de la autoridad competente, y los distribuyen en las farmacias del
sector.
La autoridad policiva reporta inmediatamente el caso al sistema de información para la asignación de
la policía judicial correspondiente.
21

23. Procedimientos de Fiscalía en el Sistema Penal Acusatorio
SECCIÓN 2
INDAGACIÓN
2.1 Noción
La indagación es una etapa preprocesal en la que la Fiscalía General de la Nación, a través de la po-
licía Judicial, averigua sobre los hechos que revisten características de delito y que han llegado a su
conocimiento por medio de denuncia, querella, petición especial, informe de policía judicial, delación
o por cualquier otro medio idóneo que reúna las condiciones de procedencia mencionadas en el acá-
pite de la noticia criminal.
2.2 Límites
Se inicia con la noticia criminal y puede extenderse hasta la prescripción de la acción penal, en tanto
no hayan surgido elementos materiales probatorios que permitan individualizar los autores o partí-
cipes del hecho en averiguación y aparezcan los suficientes para formular imputación en su contra,
o se actualice una de las causales de extinción de la acción penal o de archivo de las diligencias. Es
una fase que debe aprovecharse en grado sumo para la identificación y recolección de los elementos
materiales probatorios, evidencia física e información pertinente que permita encontrar la verdad y
adoptar la decisión que corresponda.
2.3 Actividad del fiscal
Adicionalmente a los puntos esbozados en el capítulo de la noticia criminal, el fiscal delegado:
2.3.1 Podrá disponer la ratificación de los actos de investigación19.
2.3.2 Asumirá la dirección, coordinación, control jurídico y verificación técnico científica de las acti-
vidades de policía judicial. Desde el momento en que el fiscal conoce de la iniciación de la actividad
de la policía judicial tendiente a la averiguación de un hecho delictivo, comienza su asesoría legal al
cuerpo investigativo legal para ilustrarlos adecuadamente sobre la legalidad, conducencia, pertinen-
cia, suficiencia y fuerza demostrativa que ha de tener la evidencia física por recolectar, para que en
la eventualidad de presentarse en audiencia sea admisible y pueda resistir con posibilidades de éxito
el contradictorio.
2.3.3 Realizará sesiones de trabajo con el investigador20 de policía judicial para elaborar el progra-
ma metodológico dirigido a precisar los objetivos de la hipótesis delictiva; evaluar la información
recibida; delimitar y asignar tareas; establecer los procedimientos de control para la realización de las
labores y recursos de mejoramiento para adelantar la misión; determinar las actividades que requieren
Sobre los actos de investigación, consulte la sección 2. La ratificación es la constancia que, en formato diseñado para el efecto, deja el fiscal de haber
19
encontrado ajustadas a la Constitución y la ley los actos urgentes que realizó la Policía Judicial, previamente a la elaboración del programa metodoló-
gico. Contrario sensu, los rechazará cuando su realización resulte violatoria de garantías constitucionales o legales.
20
De acuerdo con la complejidad del asunto, el fiscal podrá solicitar la conformación de un grupo de tareas especiales (artículo 211 CPP).
23

24. control judicial21, entre otros aspectos que en el futuro serán necesarios para preparar y elaborar la
teoría del caso, ante una eventual acusación. Ordenar la realización de los actos de investigación que
no impliquen restricción de derechos fundamentales.
2.3.4 Solicitará al juez de control de garantías autorización previa, o la verificación posterior de la
legalidad formal y material de los actos de investigación22 que así lo requieran.
2.3.5 Solicitará en el formato correspondiente al juez de control de garantías, dentro de las treinta y
seis (36) horas siguientes a la actuación que requiera control de legalidad, la fijación de fecha y hora
para la correspondiente audiencia preliminar. En caso de autorización previa para un acto de investi-
gación, así lo indicará en el formato respectivo.
2.3.6 Evaluará periódicamente los resultados de la investigación y de las tareas asignadas para deter-
minar el cumplimiento de los objetivos propuestos y, si es preciso, reorientarla hacia otra hipótesis
delictiva.
El fiscal tendrá especial cuidado en destacar en el formato de programa metodológico los elementos
materiales probatorios que resulten necesarios y admisibles para acudir ante el juez de control de
garantías, en audiencia preliminar, cuando sea del caso, y en preservarlos para que pueda exhibirlos
en el juicio.
Un ejemplo del programa metodológico inicial para la indagación de un hecho que pueda configurar
un peculado por apropiación, puede ser:
Recibida la noticia criminal por el fiscal delegado, de inmediato convocará a su equipo de trabajo
para diseñar la estrategia investigativa que les permitirá establecer, en esta hipótesis delictiva, el suje-
to activo calificado de la conducta, la preexistencia, naturaleza y posterior ausencia del objeto mate-
rial del presunto ilícito, la relación funcional entre sujeto activo y el objeto, la acción de apropiación
y su monto. Con ese propósito, en el formato correspondiente, inicialmente se dispondrá la búsqueda
de los elementos materiales probatorios que permitan determinar:
• La calidad del sujeto activo, por ejemplo: decreto o resolución de nombramiento, acta de pose-
sión, constancias de tiempo de servicio;
• El objeto material y su naturaleza y al efecto se ubicarán documentos o registros contables que
acrediten su existencia, o personas que puedan dar cuenta de ello, quienes serán entrevistados con
ese propósito;
• La relación funcional entre el sujeto activo y el bien. Resultará pertinente, por ejemplo, el manual de
funciones, inventarios, o el acta de entrega del bien al sujeto activo para el ejercicio de su cargo;
• El monto de lo apropiado determinado por el valor del objeto acreditado con los documentos de
su adquisición y el análisis de expertos en la materia;
• La acción de apropiación que podrá determinarse, entre otros medios, con entrevistas a personas
que den cuenta del hecho, análisis de documentos o seguimiento a cuentas bancarias.
21
La asignación de tareas, a través de órdenes de trabajo verbales o escritas, debe quedar registrada expresamente en el programa metodológico. El fiscal po-
drá ordenar aquellas actuaciones que no impliquen restricción de derechos fundamentales, que sean conducentes al descubrimiento de elementos materiales
probatorios, a la individualización de autores o partícipes del delito, a la evaluación y cuantificación de los daños causados y a la asistencia y protección de
las víctimas. En todo caso, los actos de investigación de campo y de estudio y análisis de laboratorio son ejercidos directamente por la policía judicial.
22
Consulte la sección 3.
24

25. Procedimientos de Fiscalía en el Sistema Penal Acusatorio
Las anteriores tareas las asignará el fiscal, según la complejidad del caso, a uno o más miembros de
su equipo de investigadores teniendo en cuenta su conocimiento y especialidad23, los ilustrará sobre
el marco legal que deben observar y señalará el término necesario para el cumplimiento de ellas.
Asimismo la fecha de la siguiente reunión para evaluar los resultados de esas actividades, que se le
presentarán consignados en el informe y formato respectivos, y establecer los próximos objetivos
para el éxito de la indagación.
2.3.7 Solicitar la práctica de prueba anticipada
Es el medio probatorio practicado, excepcionalmente, antes de la instalación de la audiencia de juicio
oral, por circunstancias que permitan inferir fundadamente que se está ante un riesgo inminente de
pérdida o alteración de ese medio de prueba, o por motivos de extrema necesidad tales como la inmi-
nente muerte del potencial testigo o su ausencia prolongada e inevitable, hechos que deben ser funda-
mentados por la policía judicial ante el fiscal y posteriormente ante el juez de control de garantías.
Se trata entonces de una medida extraordinaria que podrá solicitar al juez de control de garantías el
fiscal delegado y el ministerio público –en los casos del artículo 112– desde el inicio de la actuación,
en tanto la defensa sólo a partir de la formulación de imputación, estadio a partir del cual se activa
formalmente ese derecho. Los requisitos son rigurosos como para que la excepción no se convierta
en la regla, en desmedro del juicio oral donde regularmente deben practicarse todas las pruebas para
garantizar los principios del nuevo sistema en materia probatoria: inmediación, concentración, con-
tradicción y publicidad. Por ello debe practicarse ante el juez con todas las formalidades previstas
para la práctica de pruebas en el juicio.24
Si la solicitud es denegada, el peticionario podrá acudir, de inmediato y por una sola vez, ante otro
juez de control de garantías para que reconsidere lo resuelto sin que pueda recurrirse su decisión. En
caso contrario, esto es si se ordena la práctica de la prueba, quien resulte afectado con ello podrá in-
terponer los recursos ordinarios de reposición o apelación, este último en el efecto devolutivo.
Si la circunstancia que justifique la práctica anticipada de una prueba acontece después de la presentación
del escrito de acusación, de esa novedad deberá informar el fiscal al respectivo juez de conocimiento.
Como se verá más adelante, al referirnos al escrito de acusación, uno de los anexos hace relación a la
transcripción de las pruebas anticipadas que se quieran aducir en el juicio, siempre y cuando su prác-
tica no pueda repetirse en este estadio. Ello obliga al fiscal a conservarla adecuadamente, conforme
con las medidas que al respecto disponga el juez de control de garantías, en tanto lo mismo hará la
defensa o el ministerio público, según quien la haya solicitado.
2.3.8 Adoptar medidas de protección para las víctimas
En desarrollo a la tendencia proteccionista que el nuevo sistema desarrolla a favor de la víctima, la
Fiscalía General de la Nación debe:
2.3.8.1 Velar, de manera conjunta con la policía judicial, porque reciba información adecuada sobre:
• Organizaciones que la pueden apoyar, la clase de apoyo o servicios que pueden recibir.
El artículo 211 establece la complejidad de una investigación puede hacer necesario conformar un grupo de tareas especiales, a solicitud del fiscal jefe
23
de la unidad respectiva dirigida al Fiscal General de la Nación, director nacional o seccional de fiscalía o su delegado. El grupo se integrará con fiscales
y miembros de policía judicial que se requiera para ese caso específico, quienes se dedicarán exclusivamente al desarrollo del programa metodológico
correspondiente e informarán semanalmente sobre sus avances a quien autorizó su conformación como tal.
24
Ver sección correspondiente.
25

26. • El lugar y forma de presentar una denuncia o querella, las siguientes actuaciones y su papel dentro
de ellas; el trámite que se le haya dado y los mecanismos de defensa que pueda utilizar.
• El modo y condiciones en que puede pedir protección25; asistencia26 o asesorías sicológica, jurídica
o de otra índole y gratuitas.
• Los requisitos para acceder a una indemnización y el derecho que le asiste a promover el incidente
de reparación integral.
• Los mecanismos que le permitan, en caso de acusación, seguir el desarrollo de la actuación, cono-
cer la fecha y hora del juicio oral, la de la audiencia de dosificación de pena y sentencia del juez.
• La posibilidad de ser escuchada en caso de preclusión o de aplicación del principio de oportuni-
dad.
• La libertad de la persona inculpada cuando constituya un riesgo para ella y las medidas que se
adopten para garantizar su seguridad.
2.3.8.2 Adoptar las medidas necesarias e inmediatas para su atención, seguridad personal y familiar,
y protección frente a formas de publicidad que menoscaben su vida privada o dignidad. Sin embargo,
las medidas que se adopten a favor de las víctimas, de modo alguno pueden ir en perjuicio de los
derechos del imputado o del juicio justo e imparcial que se espera.
La víctima también podrá, por conducto del fiscal, solicitar al juez de control de garantías las medidas
de atención y protección que estime necesarias, en garantía de su seguridad y respeto a su intimidad.
Posteriormente, durante el juicio y el incidente de reparación integral, también podrán hacerlo por
conducto de abogado.
2.3.9 Disponer la captura del presunto autor o partícipe, si a ello hubiere lugar
La captura es la aprehensión física de una persona en situación de flagrancia27, o mediante orden de
juez y, excepcionalmente, del fiscal.
Tratándose de captura ordenada por el juez de control de garantías, previamente la policía judicial
indicará al fiscal delegado la información o elementos materiales probatorios o evidencia física que
haya recogido y que la justifique.
El fiscal y su investigador de policía judicial acudirán ante el juez de control de garantías para expo-
nerle los motivos que fundamentan la restricción preventiva de la libertad; el juez después de analizar
esos elementos de convicción e interrogar a los presentes, de hallarlo necesario, resolverá la solicitud
sin que proceda recurso alguno contra su decisión. Si acata la solicitud, la enviará de inmediato a la
Fiscalía General de la Nación para que ésta, como directora que es de la policía judicial, disponga el
Es el amparo al que tiene derecho la víctima para que se preserve su seguridad y la de sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad, afinidad
25
y civil, su cónyuge o compañero (a) permanente, de ataques producidos por causa o con ocasión de su intervención en el proceso.
Las medidas de protección se clasifican en: (i) urgentes, no limitativas de derechos fundamentales que se dan cuando se reacciona frente a una agresión
inminente, por ejemplo cuando deduce el riesgo al momento de entrevistarla sobre el hecho; (ii) programadas, actividades no limitativas de derechos
fundamentales ordenadas por el fiscal, cuando los recursos y estructura institucional así lo permiten; y (iii) excepcionales precisamente porque son limi-
tativas de derechos fundamentales en la medida que la víctima debe ingresar a un programa especial de protección, previa evaluación de su necesidad,
efectividad e implicaciones para el Estado.
Se entiende por asistencia la atención y ayuda que debe recibir la víctima para que en lo posible supere los efectos causados por el injusto.
26
Ver acápite 3.2.1, actos de indagación e investigación.
27
26

27. Procedimientos de Fiscalía en el Sistema Penal Acusatorio
organismo que habrá de cumplirla y ordene el registro en el sistema de información que lleva para el
efecto.28
La orden de captura deberá observar y contener los siguientes requisitos:29
• Expedida por el juez correspondiente
• Escrita
• Clara y sucinta en la relación de los motivos que la justifican
• Nombres y datos que permitan individualizar al indiciado o imputado
• Número de radicación de la indagación o investigación
• Copia para el despacho del juez
• Vigencia no superior a seis (6) meses aunque puede prorrogarse cuantas veces se considere nece-
sario a petición del fiscal correspondiente quien, en todo caso, deberá comunicar esa novedad a
la policía judicial encargada de hacerla efectiva.30
Dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes a la captura el juez deberá ejercer el control de lega-
lidad formal y material de la aprehensión, ordenará la cancelación de la orden de captura31 y dispondrá
lo pertinente para el aprehendido, es decir, la libertad inmediata o su internamiento en un centro de
reclusión, según corresponda, como se verá en la sección de audiencias preliminares al desarrollar
este tema. 32
Recuérdese que la captura válidamente realizada, en flagrancia, por orden de juez o excepcionalmente
del fiscal, podrá originar como consecuencia la formulación de imputación. Ello obliga a una decisión
prudente, informada y estratégicamente conveniente de solicitarla y realizarla. ¿Qué ocurrirá si el fis-
cal la solicita u ordena sin tener elementos materiales probatorios o evidencia física que le permitan
formular imputación? ¡Pierde el caso! Y la probabilidad de realizar una eficiente investigación.
La captura excepcional por orden del fiscal sólo procede:
• Cuando el delito investigado tenga como medida de aseguramiento la detención preventiva;
• Cuando haya motivos fundados para inferir que la persona es autor o partícipe de la conducta
investigada; y
• Cuando exista situación de apremio que le impida al fiscal acudir ante el juez de control de garan-
tías para obtener la orden correspondiente porque, de hacerlo, la persona puede evadir la acción
de la justicia, o representa un peligro para la comunidad o de obstrucción de la investigación.
En cualquier caso, el capturado será puesto a disposición del juez de control de garantías dentro de las
treinta y seis (36) horas siguientes para que en audiencia preliminar resuelva lo pertinente, conforme
con lo expuesto en el numeral anterior.
28
Ver formato de comunicación y registro en la sección de informática.
29
Ver sección de formatos.
30
Ver sección de formatos.
31
Obsérvese el mismo procedimiento de comunicación que para la orden de aprehensión.
32
Ver sección 5.
27

28. Otra modalidad de captura es la administrativa, también conocida como retención preventiva admi-
nistrativa, a cargo de la Policía Nacional que la realiza con el único objeto de verificar hechos rela-
cionados con su función constitucional de mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de
derechos y libertades públicas y asegurar la convivencia pacífica de los residentes en Colombia.33
La Policía Nacional, antes de capturar una persona por vía administrativa, deberá verificar:
• Que existan motivos fundados, es decir, hechos que permitan inferir de manera objetiva que la
persona a ser aprehendida es probablemente autora o partícipe de un delito.
• Que sea necesaria y urgente la captura, esto es que el apremio justifique el no obtener la orden
judicial porque, de hacerlo, resultaría entonces ineficaz.
• Que los hechos o motivos fundados estén vinculados con la persona por capturar.
• Que la restricción de la libertad sea proporcionada a la gravedad del hecho.
Capturada la persona por servidor de la Policía Nacional será puesta a disposición del fiscal delega-
do disponible o de la Unidad de Reacción Inmediata, según el caso, a más tardar dentro de las doce
(12) horas siguientes, término máximo puesto que la retención preventiva administrativa sólo puede
demorarse el término estrictamente necesario para la verificación de los hechos que la motivaron. El
fiscal que lo reciba verificará que, en efecto, el término haya sido razonable y que se le haya informa-
do a la persona sus derechos constitucionales y legales y sobre las circunstancias que la generaron.
Si el procedimiento policial se ajustó a los requerimientos legales, el fiscal acudirá ante el juez de
control de garantías de igual manera que cuando se trata de captura en flagrancia. En caso contrario,
dejará a la persona aprehendida en libertad inmediata.
2.6.2 Formular imputación fáctica cuando se actualicen los presupuestos de ley, situación que pone
fin a la indagación.34
2.4 Actividad de policía judicial
Una vez el fiscal asuma la dirección y control de la indagación, el investigador de policía judicial
deberá:
• Realizar las actividades investigativas ordenadas por el fiscal con fundamento en el programa
metodológico35.
• Presentar informes sobre el resultado de las diligencias que le fueron encomendadas, en el térmi-
no indicado para ello.
2.5 Opciones del indiciado
El indiciado podrá:
• Asesorarse de un abogado para preservar su derecho de defensa.
33
Sentencia C-024 de 1994. Según la Corte Constitucional la captura administrativa sólo procede cuando existe necesidad de verificar de manera breve
hechos relacionados con los motivos fundados de la aprehensión o la identidad de la persona para, si es del caso, poner a disposición de la autoridad
competente la persona aprehendida para que se investigue su conducta. Es, entonces, una restricción material de la libertad con fines de verificación a
efectos de determinar la conducencia de una investigación.
34
Consúltese la sección 4, capítulo de formulación de imputación.
35
Consúltese la sección 3 para efectos de determinar las actuaciones que directamente puede ordenar el fiscal, las que requieren autorización previa del
juez de control de garantías, y las que están sometidas a su control posterior.
28

29. Procedimientos de Fiscalía en el Sistema Penal Acusatorio
• Obtener, identificar empíricamente y embalar, por sí mismo o por conducto de abogado, elemen-
tos materiales probatorios o evidencia física y disponer su análisis por perito particular, a su costa,
o solicitar a la policía judicial que lo haga.
• Realizar entrevistas y descubrir información útil a sus intereses, para usarlos posteriormente en su
defensa ante las autoridades judiciales.
• Solicitar al juez de control de garantías su intervención para la verificación de la legalidad formal
y material de las actuaciones que considere hayan afectado o puedan afectar sus garantías funda-
mentales.
2.6 Otras opciones del fiscal frente a la noticia criminal y a la indagación
2.6.1 Extinguir la acción penal en los casos establecidos de manera taxativa en el código36.
Consiste en no iniciar o en finalizar la actuación por circunstancias que impiden el ejercicio de la
acción penal, decisión que puede adoptarse en cualquier momento de la averiguación.
El fiscal delegado verificará la existencia de elementos materiales probatorios o evidencia física que
inequívocamente le permitan acreditar el hecho o causal generadora de la extinción de la acción pe-
nal, y está facultado legalmente para ordenarla hasta antes de la formulación de imputación con la
consecuencia obvia del archivo de las diligencias.
2.6.2. Archivar las diligencias
Procede cuando en relación con el hecho no haya motivos o circunstancias fácticas que permitan su
caracterización como delito o su posible existencia como tal, sin perjuicio de reanudar la indagación
si surgen nuevos elementos probatorios.37
También ordenará el archivo de las diligencias cuando determine que la solicitud de desistimiento
presentada verbalmente o por escrito por el querellante, en el sentido de no desear que se continúe con
la averiguación, es voluntaria, libre e informada.38
2.6.3. Aplicar el principio de oportunidad
Procede en las causales del artículo 324 que no requieran la condición de imputado.39 Como se verá, la
decisión del fiscal de renunciar a la acción penal, avalada por el juez de control de garantías, extingue
la acción penal.
36
Causales de extinción de la acción penal: muerte del indiciado, imputado o acusado, prescripción, amnistía, oblación, caducidad de la
querella, desistimiento, conciliación y aplicación del principio de oportunidad (artículo 77 del CPP) El fiscal delegado deberá verificar
la existencia de elementos materiales probatorios que inequívocamente permitan acreditar la correspondiente causal; por ejemplo, la
muerte del indiciado se acreditará con el registro de defunción correspondiente; la oblación con el documento que certifique el pago de
la multa imponible; el desistimiento con el documento escrito o manifestación verbal de la víctima o perjudicado ante el fiscal delegado
correspondiente, o el acta de conciliación preprocesal en los delitos querellables.
Véase el acápite 2.6.2 en lo relacionado con el desistimiento.
Respecto de las causales de conciliación y principio de oportunidad, consúltese las secciones 12 y 13, respectivamente.
En estos casos el fiscal, de oficio o a petición del indiciado, víctima o ministerio público, después de verificar la inexistencia del hecho
37
o la atipicidad de la conducta, dispondrá el archivo de las diligencias mediante orden sucintamente motivada y de ello informará a la
policía judicial, al denunciante o querellante y a la víctima, de lo cual dejará constancia escrita. Sin embargo, no podrá ordenar el archivo
con fundamento en que no se ha identificado o individualizado el autor o partícipe. En este caso, las diligencias permanecerán activas
hasta la prescripción de la acción penal y la averiguación continuará a cargo de la policía judicial bajo la dirección y control del fiscal.
Recuérdese que el desistimiento se extiende a todos los autores o partícipes del delito investigado y que no admite retractación.
38
Téngase presente también que si el desistimiento se presenta después de formulada la imputación, es al juez de conocimiento a quien
corresponde resolver la solicitud, después de escuchar la opinión del fiscal delegado que conozca del caso, como se verá en el punto
4.4.1. Se trata entonces de la causal primera de preclusión, imposibilidad de continuar el ejercicio de la acción penal, instituto que se
desarrollará en la sección de audiencias preliminares.
39
Consúltese la sección sobre principio de oportunidad.
29

30. 2.7. Fundamento normativo
Artículos 175, 200 a 285 del código de procedimiento penal.
Ejemplos de actuaciones en indagación
El 4 de mayo de 2005, en el inmueble de PEDRO PÉREZ situado en la carrera 104 número 8-80 de
esta ciudad, la menor PAOLA PINTO RAMÍREZ fue accedida carnalmente por su padrastro PEDRO
PÉREZ, motivo por el cual al día siguiente, en las horas de la mañana, PAOLA se suicidó al colocarse
una corbata alrededor de su cuello y suspenderse de ella luego de sujetarla a una varilla de la azotea
de su vivienda.
La menor fue encontrada en tal situación por su progenitora MARTHA RAMÍREZ quien la llevó al
CAMI del sector donde al corroborar su deceso, dieron informe a la policía judicial que allí mismo
inspeccionó el cadáver y lo remitió debidamente embalado a Medicina Legal para las experticias de
rigor en el cuerpo y las prendas de la menor.
El investigador ALEX MÁRQUEZ, adscrito al CTI y quien conoció del caso, luego de reportar el
inicio de la actuación y teniendo en cuenta la facultad de realizar actos urgentes en situaciones como
ésta, entrevistó a algunas compañeras de curso de la occisa, entre ellas a MARLENE CORREA quien
le informó que el día anterior, 4 de mayo, la vio muy triste y le comentó que su padrastro había tratado
de accederla carnalmente, pero que ella se había defendido propinándole un golpe en un ojo.
El investigador solicitó al patólogo forense la necropsia, procedimiento en el que halló laceraciones y
hematomas en la región genital exterior e interior de la víctima, las cuales eran recientes y evidencia-
ban manipulación sexual, y pudo establecer como causa de la muerte anoxia cerebral producida por
asfixia mecánica (ahorcamiento)
El laboratorio de biología, por interconsulta del patólogo forense, encontró en el pantalón interior de
la menor rastros de semen. Previa autorización del juez de control de garantías, a solicitud del fiscal,
se cotejó el hallazgo con muestra suministrada por PEDRO PÉREZ, dictamen que dio positivo para
perfil genético entre víctima e indiciado.
30

31. Procedimientos de Fiscalía en el Sistema Penal Acusatorio
SECCIÓN 3
ACTOS DE INDAGACIÓN E INVESTIGACIÓN
RECOMENDACIONES GENERALES
• Criterios moduladores de la actividad procesal
Además de los controles que incumben al juez de control de garantías, de acuerdo con el artículo 27
del Código de Procedimiento Penal, la Fiscalía y la policía judicial deben autorregular su conducta
durante la indagación y la investigación, pues ella debe sujetarse a los criterios de necesidad, ponde-
ración, legalidad y corrección.
• Informes inmediatos de policía judicial sobre el inicio y resultados de la actuación
A pesar de que el código de procedimiento penal autoriza a la policía judicial para desarrollar actos
urgentes, de inmediato debe comunicar a la Fiscalía la iniciación de su actividad, no solo para com-
partir responsabilidad sino también para que el fiscal del caso pueda comenzar la dirección de la
investigación y diseñar conjuntamente con ella el programa metodológico. Del mismo modo, ha de
mantener informado al fiscal del caso sobre los avances y resultados de las órdenes que le imparta
para el esclarecimiento de los hechos.
• Diligenciamiento de formatos
Los que van dirigidos al juez de control de garantías deben enviarse con antelación a efectos de la
programación de las respectivas audiencias preliminares, con copia para el Ministerio Público, y la
defensa a partir de la formulación de imputación. Ha de recordarse que las audiencias de control pos-
terior deben realizarse, a más tardar, dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes al cumplimiento
de las órdenes respectivas.
Todo lo actuado debe reportarse al sistema de información.
• Decisiones de la Fiscalía General de la Nación
√ Todas las actuaciones dispuestas por la Fiscalía General de la Nación se tramitan mediante ór-
denes que deberán ajustarse a lo establecido en los artículos 161 y 162 del CPP y, sin excepción,
serán reportadas a los correspondientes sistemas de información.
√ La policía judicial debe ceñirse a las órdenes impartidas por el fiscal o por el juez, dependiendo
la clase de actuación, y para el registro e informes sobre ellas a la reglamentación prevista en el
manual de policía judicial.
√ Por cada actuación procesal el fiscal debe llevar una carpeta donde registrará el número de
radicación; conducta delictiva que la originó; nombres y demás datos que permitan identificar
al indiciado, imputado o acusado y su domicilio; fecha y hora de captura; órdenes impartidas,
31

32. pendientes y cumplidas; los resultados de las audiencias preliminares solicitadas; formatos dili-
genciados; notas relacionadas con la víctima; datos del juez, del defensor y del representante del
Ministerio Público.
√ Si bien la regla general es la publicidad de los procedimientos, las audiencias preliminares están
limitadas al fiscal, Ministerio Público40 e imputado o su defensor a partir de la formulación de im-
putación. Sin embargo, algunas audiencias preliminares son de naturaleza reservada tales como
las de control de legalidad sobre allanamientos, registros, interceptación de comunicaciones, vi-
gilancia y seguimiento de personas y de cosas; las relacionadas con autorización judicial previa
para inspección corporal, obtención de muestras que involucren al imputado y procedimientos
en caso de lesionados o de víctimas de agresiones sexuales, y las relacionadas con la solicitud y
decreto de medidas cautelares.
√ La conservación y archivo de los registros es responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación
durante la actuación previa a la formulación de imputación y a partir de ella del secretario de las
audiencias, quienes deberán expedir copias de esos registros cuando alguno de los intervinientes
lo requiera.
ACTOS DE INDAGACIÓN E INVESTIGACIÓN
Según su naturaleza, las actuaciones que la policía judicial adelanta en desarrollo de la indagación e
investigación41, se clasifican en:
3.1. Por iniciativa propia y control posterior del fiscal:
• Recepción de denuncias, querellas o informes de los cuales se infiera la posible comisión de un
delito.
• Acompañamiento o traslado de la víctima para la práctica de examen médico legal, cuando ello
fuere posible
• Solicitud de auxilio de perito forense para la realización de exámenes o reconocimientos a vícti-
mas de agresiones sexuales, delitos contra la integridad corporal o cualquier otro que lo requiera,
cuando ellas o su representante legal den por escrito su consentimiento
• Entrevistas a presuntas víctimas o testigos presenciales de un delito observando las reglas técni-
cas de rigor y registrarlas en grabación magnetofónica o fonóptica o en cualquier otro medio que
la ciencia ofrezca. En caso de ser necesario brindará la protección que requieran los entrevista-
dos.42
• Inspección al cadáver.
• Interrogatorio al indiciado en presencia de un abogado, sin hacerle imputación alguna, siempre
que aquel haya renunciado a su derecho a guardar silencio, y con las formalidades impuestas en
el artículo 282.
• Inspección del lugar del hecho.
40
Su presencia no es obligatoria. Recuérdese que su intervención es contingente, por mandato constitucional.
41
Recuérdese que la investigación no se agota con la formulación de imputación. Estos actos de investigación incluso pueden practicarse durante el juicio
por previsión expresa del inciso final del artículo 344 “…si durante el juicio alguna de las partes encuentra un elemento material probatorio y evidencia
física muy significativo que debería ser descubierto, lo pondrá en conocimiento del juez quien, oídas las partes y considerado el perjuicio que podría
producirse al derecho de defensa e integridad del juicio, decidirá si es excepcionalmente admisible o si debe excluirse esa prueba (sic)”.
42
Si lo requiere el entrevistado, solicitará su inclusión en el programa de protección y asistencia a testigos de la Fiscalía General de la Nación.
32

33. Procedimientos de Fiscalía en el Sistema Penal Acusatorio
• Inspección a lugares distintos al del hecho.
• Identificación, recolección, embalaje técnico de elementos materiales probatorios y evidencia
física y someterlos a cadena de custodia.
• Búsqueda y cotejo de datos registrados en bases mecánicas, magnéticas de información de acceso
público, u otras similares.
3.2. Por iniciativa propia y control posterior del juez
3.2.1 Captura en flagrancia43
Es la restricción excepcional a la libertad ejercida por cualquier persona, sin orden judicial previa, en
los siguientes eventos:
• Cuando la persona es sorprendida y aprehendida al momento de cometer el delito,
• Cuando la persona es sorprendida o individualizada al momento de cometer el delito y aprehendi-
da inmediatamente después por persecución o voces de auxilio de quien presenció el hecho.
• Cuando la persona es sorprendida y capturada con objetos, instrumentos o huellas, de los cuales
se desprenda fundadamente que momentos antes cometió el delito o participó en él.
En los eventos anteriores, y excepcionalmente cuando situaciones de emergencia lo justifiquen44, la
policía judicial podrá registrar y allanar inmuebles45, naves o aeronaves para capturar al indiciado
siempre que:
• Los bienes sean de propiedad del indiciado, o que se trate de un bien abierto al público46, o que se ob-
tenga el consentimiento libre y voluntario del propietario, tenedor o afectado con el procedimiento.
• Se requiera por voces de auxilio su intervención inmediata o se establezca coacción del indiciado
al propietario o tenedor del bien.
En los demás casos solicitará orden de registro y allanamiento al fiscal de la Unidad de Reacción
Inmediata que le corresponda, o al fiscal delegado disponible.
El aprehendido en circunstancias de flagrancia será puesto en forma inmediata, o a más tardar en el
término de la distancia47, a disposición del fiscal que corresponda quien dentro de las veinticuatro (24)
horas siguientes solicitará al juez de control de garantías la realización de la audiencia preliminar para
legalizar la captura y verificar la legalidad del procedimiento, a la que acudirá con el funcionario de
policía judicial que lo realizó. Sin embargo, si del informe recibido de la policía judicial se desprende
que el presunto delito no amerita detención preventiva, el capturado será liberado por el fiscal con el
compromiso de presentarse cuando sea requerido.48
Art. 301 y 302 del CPP. Recuérdese que también los particulares pueden capturar una persona en situación de flagrancia, y que en cualquier caso el
43
control de legalidad del procedimiento debe realizarse dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes a la aprehensión.
44
Eventos tales como incendio, explosión, inundación u otra clase de estragos que pongan en peligro la vida o la propiedad.
45
Ver numeral 2.2.3 para el concepto de registro y allanamiento.
46
En este caso se entiende que no existe expectativa razonable de intimidad que justifique el requisito de la orden.
El término máximo que tiene la policía judicial para poner el capturado a disposición de la Fiscalía General de la Nación es de doce (12) horas, contadas a partir
47
del momento de la aprehensión. Estas doce horas están incluidas dentro de las treinta y seis (36) horas que tiene el fiscal para llevarlo ante el juez de garantías.
Tratándose de fiscal delegado ante la Unidad de Reacción Inmediata, si no hallare mérito para formular imputación, enviará lo actuado a la oficina de
48
asignaciones para el reparto de rigor.Así no sea en situación de flagrancia, el fiscal también liberará al capturado ilegalmente.
33

34. Contrario sensu, si de las condiciones en que la captura se realizó surgen elementos materiales proba-
torios o evidencia física suficientes no solo para legalizar la captura sino para formular imputación49,
imponer medida de aseguramiento y afectación de bienes, así se lo solicitará al juez de control de
garantías, quien adoptará la decisión que corresponda respecto de la libertad del aprehendido.
3.3 Por orden previa del fiscal y control posterior del juez de garantías
3.3.1 Registros y allanamientos50
Diligencias ordenadas por el fiscal delegado, de la Unidad de Reacción Inmediata o en disponibilidad,
para ingresar y registrar51 un inmueble, nave o aeronave con el objeto de capturar al indiciado, imputa-
do o acusado, según el caso, como autor o partícipe de un delito, o para obtener elementos materiales
probatorios o evidencia física relacionada con el hecho investigado. Sin embargo, si la diligencia
tiene como finalidad única la captura de aquél, sólo procederá en relación con delitos susceptibles de
medida de aseguramiento en modalidad de detención preventiva.
El fiscal, antes de impartir la orden, analizará la información recaudada por la policía judicial para
establecer los motivos fundados52 y verificar la procedencia del registro y allanamiento. Después lo
autorizará mediante orden sucintamente motivada que deberá contener:
• Fundamento de la orden53, al menos el informe de policía judicial, declaración de potencial testigo
o informante, o elementos materiales probatorios o evidencia física54 que establezca la vincula-
ción del bien por registrar y allanar con el delito investigado.
• Precisar el objeto de la diligencia y al efecto describirá de manera exacta el lugar o el bien por
registrar.
Posteriormente, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al diligenciamiento de la orden, el fis-
cal solicitará al juez de control de garantías que en audiencia preliminar verifique la legalidad formal
y material de la orden y del procedimiento55.
La orden deberá cumplirse dentro de los treinta (30) días siguientes en fase de indagación, o en quin-
ce (15) días si se dispone después de la formulación de imputación, en ambos casos prorrogable el
término en otro tanto cuando existan razones que lo justifiquen. En cualquier evento, se observarán
las siguientes reglas:
49
Remítase al capítulo correspondiente.
50
Arts. 219 a 229 y 232 del CPP.
51
No son susceptibles de registro: las comunicaciones escritas entre el indiciado, imputado o acusado con sus abogados o con las personas que por razón
legal están excluidas del deber de testificar; los archivos de estas personas tales como documentos digitales, videos, grabaciones, ilustraciones o cual-
quier otra imagen, que contengan información confidencial relativa a aquellos. Sin embargo, estas restricciones no son aplicables cuando se renuncia a
esa garantía, o por tratarse de auxiliadores, partícipes o coautores del delito investigado o de otro conexo, o cuando se trate de situaciones que generan
obstrucción a la justicia.
52
Se entiende por “motivos fundados” la presencia de elementos empíricos o racionales traducidos en elementos materiales probatorios o evidencias
físicas e informaciones que justifiquen, en este caso, la orden de registro y allanamiento.
Tratándose de registro o allanamiento de bienes que conforme con el derecho internacional y los tratados en vigor gozan de inmunidad diplomática
53
o consular, previamente el fiscal deberá solicitar venia al respectivo agente diplomático o consular mediante oficio que se remitirá por conducto del
Ministerio de Relaciones Exteriores, y contestará dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes.
54
Si los motivos fundados hacen relación a elementos materiales probatorios o evidencia física, videos o fotografías tomados en seguimientos pasivos, el
fiscal deberá previamente verificar la cadena de custodia y exigir el diligenciamiento del formato correspondiente en el que bajo juramento certificará el
funcionario de policía judicial que ha corroborado la corrección de los procedimientos de recolección, embalaje y conservación de dichos elementos.
55
El control posterior incluye por supuesto la verificación de la legalidad de la orden, precedida del examen de los motivos fundados que la sustentaron.
34

35. Procedimientos de Fiscalía en el Sistema Penal Acusatorio
√ Realizar el procedimiento en el horario comprendido entre las seis (6) de la mañana y las seis (6) de
la tarde, salvo situaciones especiales que justifiquen hacerlo en horas de la noche, por ejemplo, para
evitar la fuga del indiciado o imputado, o la destrucción de elementos materiales probatorios.
√ Limitar el registro a los lugares autorizados. Sin embargo, de hallarse nuevos elementos materia-
les probatorios que lo justifiquen, podrá extenderse a otros lugares.
√ Garantizar la menor restricción de derechos a personas que resulten afectadas con el procedimien-
to. Por ello, el registro debe limitarse a los bienes señalados en la correspondiente orden, salvo en
caso de flagrancia o de la excepción prevista en el punto anterior, o relacionados con otro delito.
√ Diligenciar el acta que obligatoriamente debe contener un resumen de lo actuado, con indicación
expresa de los lugares registrados, de los objetos ocupados o incautados y de las personas captura-
das. Asimismo, se indicará si hubo oposición de los afectados y de la reacción que hubiere podido
generar medidas policivas. Quienes intervinieron en el acto deberán leerla, dejar las constancias
que estimen procedentes y firmarla. Si rehúsan hacerlo, el funcionario de policía judicial dejará bajo
juramento la constancia respectiva. En todo caso tendrán derecho a solicitar copia de la misma.
La policía judicial entregará al fiscal delegado el informe de la diligencia de registro y allanamiento
con su respectiva acta e inventario, dentro de un término máximo de doce (12) horas contadas a partir
de la culminación de la actividad. Sin embargo, el informe se entregará de manera inmediata cuando
haya persona privada de la libertad.
El fiscal verificará la legalidad de la realización de la diligencia. Si la encuentra ilegal, desestimará el
resultado de la misma de conformidad con lo previsto en el artículo 232, pero tomará en cuenta los
criterios sobre nulidad derivada de prueba ilícita enumerados en el artículo 45556.
En el evento de desestimar los resultados del allanamiento por hallarse viciada la orden por carencia
de alguno de los requisitos esenciales previstos en el código, o fuere declarado ilegal por el juez de
control de garantías y se hubiesen incautado elementos materiales probatorios o evidencia física, se
procederá de la siguiente manera:
• Si se trata de bienes de libre de comercio se devolverán de plano a quien acredite su derecho.
• Si se trata de bienes de libre comercio pero están vinculados a otras actividades delictivas se pon-
drán a disposición del funcionario que los requiera.
• Cuando se trata de bienes por fuera del comercio en razón de su naturaleza ilícita se les dará el trata-
miento previsto para cada caso en particular (Ej. estupefacientes, armas, documentos falsos, etc.).
De hallar el procedimiento ajustado a derecho, el fiscal delegado, dentro de las veinticuatro (24) horas
siguientes al recibo del informe de policía judicial, solicitará al juez de control de garantías que en
audiencia preliminar realice el respectivo control de legalidad.
Si el acto de registro y allanamiento se realizó después de la formulación de imputación, a la audien-
cia preliminar deberá acudir el imputado y su defensor. Para el efecto, el fiscal suministrará al juez la
información que facilite su citación.
3.3.2 Retención, examen y devolución de correspondencia57
El fiscal delegado deberá autorizar previamente a la policía judicial para la retención de corresponden-
cia privada, postal, telegráfica o de mensajería especializada o similar que reciba o emita el indiciado
56
Vínculo atenuado, fuente independiente y descubrimiento inevitable.
57
Art. 233 y 234 del CPP.
35

36. o imputado, y para solicitar a las oficinas correspondientes copia de los mensajes recibidos o transmi-
tidos por el indiciado o imputado, o envíos realizados o dirigidos al indiciado o acusado, y al efecto
se observarán, en lo pertinente, las reglas previstas para el allanamiento o registro explicadas en el
punto anterior.
La orden expresa del fiscal deberá precisar:
• Los motivos fundados que tiene para inferir que en la correspondencia puede hallarse información
útil para los fines de la investigación,
• El objeto de esta actuación
• El término de la medida de intervención de la correspondencia que emita o reciba el indiciado o
imputado que no puede ser superior a un (1) año.
Examinada la correspondencia retenida, de inmediato o a más tardar dentro de las doce (12) horas si-
guientes, la policía judicial informará sobre los resultados relevantes. Vencido este término, o una vez
se formule imputación, devolverá aquella que no tenga interés para la investigación. En todo caso el
fiscal está obligado a verificar que el procedimiento se encuentra ajustado a las exigencias legales.
3.3.3 Interceptación de comunicaciones telefónicas y similares58
Es una diligencia de carácter reservado ordenada por el fiscal delegado y practicada por servidores
de policía judicial, orientada a captar por medio de grabación magnetofónica o similar información
que fluya a través de comunicación telefónica, radiotelefónica u otra técnica que utilice el espectro
electromagnético, para obtener elementos materiales probatorios o evidencia física de interés para la
investigación.
El fiscal impartirá orden escrita a la policía judicial para interceptar comunicaciones hasta por el tér-
mino de tres (3) meses, prorrogables por otro tanto si subsisten los motivos fundados. Las entidades
de la operación técnica de la respectiva interceptación están obligadas a realizarlas inmediatamente se
notifiquen de la orden, que en cualquier caso debe ser escrita, y a guardar reserva sobre el asunto.
Por ningún motivo podrán interceptarse las comunicaciones del defensor. En lo pertinente se ob-
servarán las reglas señaladas para el registro y allanamiento, inclusive lo relacionado con tratados,
acuerdos y protocolos para hacer efectiva la cooperación judicial internacional.
Inicialmente existirán motivos fundados si, por ejemplo, alguna persona escuchó cuando el indiciado,
imputado o acusado, sostenía conversaciones sobre el delito y puede declarar sobre ello; o cuando el
registro de llamadas suministrado por la empresa de teléfonos indica comunicaciones con abonados
pertenecientes a personas involucradas en actividades delictivas. De igual manera, cuando por medio
de un agente encubierto se registran llamadas que las comprometan en conductas ilícitas.
La prórroga de la interceptación puede justificarse por medio de la presentación de grabaciones o
transliteraciones de la interceptación anterior, que registren informaciones relacionadas con el caso e
indiquen la continuidad de la actividad delictiva.59
Dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al diligenciamiento de la orden correspondiente, el
fiscal delegado solicitará al juez de control de garantías que en audiencia preliminar realice el control
de legalidad de la actuación, así la orden se haya producido después de formulada la acusación.
Art. 235 del CPP.
58
Art. 235 CPP.
59
36